Reinado de Fernando VII

Reinado de Fernando VII. En virtud del Tratado de Valençay (1813), Fernando VII regresó a España, en un clima de entusiasmo popular y aclamaciones. Desde su entrada en España, los partidarios del absolutismo le incitaron a restaurar el viejo orden de cosas. Recibió el Manifiesto de los Persas, un documento redactado por los diputados partidarios del absolutismo, en el que se animaba al monarca a ignorar las propuestas liberales y a restaurar la monarquía absoluta. Así pues, Fernando VII defraudó todas las expectativas de los reformadores y liberales que habían luchado por su reinstauración en el trono, anuló la Constitución de Cádiz de 1812 y toda la obra legislativa de las Cortes gaditanas, restauró el absolutismo y las viejas instituciones, incluida la Inquisición. Fernando VII no se conformó con derogar toda la labor inspirada en los principios del liberalismo, sino que acometió contra los propios liberales, obligándoles a pasar a la clandestinidad y a formar sociedades secretas siempre dispuestas a la conspiración. Muchos fueron arrestados, otros decidieron exiliarse a Francia o a Inglaterra. En correspondencia, los Gobiernos ingleses concedieron derecho de asilo a los españoles perseguidos por Fernando VII. Gibraltar fue la base principal de actuación para la propaganda y las conspiraciones del liberalismo español. Entre 1815 y 1820 se produjo en España toda una serie de conspiraciones protagonizadas por los liberales: pronunciamientos militares. El protagonismo de los militares compensaba el escaso desarrollo y la debilidad de la burguesía en España. El primer pronunciamiento liberal (1815) lo protagonizó el ex guerrillero Díaz Porlier en La Coruña; proclamó la Constitución de 1812, pero la falta de apoyos propició su detención y fusilamiento una semana después. Similar fue el del general Lacy en Cataluña. Pero el de mayor importancia fue el del Comandante Riego en 1820. Entretanto, en las colonias americanas se producían levantamientos independentistas, animados por la experiencia norteamericana y los principios liberales. Esto supuso un fuerte revés político y sobre todo económico, ya que se interrumpió el comercio con América y se perdieron los ingresos, necesarios por la grave situación económica que atravesaba España tras la Guerra de la Independencia contra Francia. El pronunciamiento en Cabezas de San Juan del Comandante Riego, con parte de las tropas que iban a embarcar para sofocar a los sublevados americanos proclamando la Constitución de 1812 se extendió por otras ciudades, por lo que Fernando VII se vio obligado a capitular y en marzo juró la Constitución de 1812. La intención de las Cortes de Cádiz de acabar con el Antiguo Régimen e iniciar el proceso de revolución liberal había sido frustrado con el retorno de Fernando VII, pero ahora contaban con el juramento constitucional del rey. Sin embargo, el monarca utilizaba todos los resortes que la Constitución de 1812 le proporcionaba para obstaculizar las reformas legislativas de las nuevas Cortes de liberales (la Constitución otorgaba al rey la sanción de las leyes y le permitía el veto suspensivo de las mismas durante dos años). Además, entre los liberales se estaba formando una división: moderados o doceañistas (eran los grandes personajes relacionados con la obra de las Cortes de Cádiz, que habían ido suavizando con el tiempo sus planteamientos políticos) y los exaltados o veinteañistas (los protagonistas de la reimplantación del régimen constitucional en 1820). Las nuevas Cortes liberales intentaron acelerar la obra iniciada por las Cortes de Cádiz para desmantelar el Antiguo Régimen: suprimieron los mayorazgos, que se convirtieron en propiedades libres de sus titulares (gremios); prohibiéndole a la Iglesia la adquisición de bienes inmueble, definiendo las bases para una desamortización de tierras eclesiásticas, abolición del régimen señorial y aprobación de leyes comerciales. Sin embargo, más allá de la elaboración de leyes, apenas hubo tiempo u oportunidad para llevarlas a la práctica. Los absolutistas habían manifestado su oposición al Gobierno liberal desde el comienzo del Trienio, pero a partir de 1822 esta oposición fue generando un poderoso grupo conocido como los realistas, cuya intervención, en complicidad con el propio rey, fue encaminado a restablecer el viejo absolutismo: la sublevación de la Guardia Real (sofocada por la Milicia Nacional), la organización de fuerzas guerrilleras en Navarra y Cataluña, y la creación de la Regencia de Urgel que pretendió actuar como Gobierno legítimo mientras durase la ‘cautividad’ del rey por parte de los liberales. Finalmente, la regencia fue disuelta por el ejército. Mientras, las potencias absolutistas que habían vencido a Napoleón formaron la Santa Alianza, que, fracasados los intentos de restaurar el absolutismo en España, se reunieron en el Congreso de Verona y encargaron a Francia que interviniera en España con un ejército conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis que, apoyados por realistas españoles, invadieron España sin encontrar apenas resistencia. Así, Fernando VII pudo restablecer por segunda vez el absolutismo. Declaró nulos todos los actos del Gobierno durante el Trienio Liberal y restauró de nuevo el absolutismo y la represión contra los liberales, que huyeron en masa del país a Francia e Inglaterra. Esta etapa, Década absolutista u ominosa, se desarrolló con un carácter más moderado, aunque la represión fue más dura. Fernando VII se encontró una doble oposición: los liberales (opositores naturales a un régimen absolutista) y los apostólicos (el grupo más exaltado de los realistas, que consideraban sospechosas las tímidas medidas de reforma y del moderantismo del monarca). Por otra parte, culminó la independencia de las colonias americanas, excepto Cuba y Puerto Rico, con lo que se originó una difícil situación para la Hacienda Real. Al final del reinado de Fernando VII se planteó el problema sucesorio. Felipe V, el primer Borbón había introducido en España la llamada ley sálica francesa, que impedía reinar a las mujeres. Pero el rey carecía aún de descendencia y, en previsión de que el fruto de su matrimonio con María Cristina fuera niña, derogó la ley sálica promulgando la Pragmática Sanción. El hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro, consideró ilegal esta medida y no la aceptó, ya que se le privaba de lo que él consideraba su derecho legítimo a heredar la Corona. Los absolutistas apostólicos encontraron en el infante un líder dotado de legitimidad dinástica y apoyaron sus pretensiones al trono. Nació así el problema del carlismo, que agrupaba a las fuerzas absolutistas y que desencadenó una guerra civil a la muerte de Fernando VII. En consecuencia, el acceso y la permanencia en el trono de Isabel II (hija de Fernando VII), dependía del apoyo de los liberales. Carlos María Isidro se proclamó rey al morir su hermano, desencadenando la Primera Guerra Carlista en España. Al salir gloriosa Isabel II, su madre María Cristina asumió la regencia en su nombre durante su minoría de edad (1833).