Created by Fernando Prada
about 7 years ago
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La economía de un país se compone por el Sector público y el Sector privado los cuales tienen diferencias sustanciales: El Sector público descansa sobre el principio de legitimidad democrática, es decir, los responsables de las decisiones públicas son elegidos por el pueblo. Para ejercer sus fines utiliza el llamado "ius imperium" , es decir, el derecho imperativo para exijir el pago de los derechos económicos de la Hacienda Pública, en especial, el derivado de los tributos (art. 31.1 CE) si bien, tanto las prestaciones patrimoniales como las personales exigibles han de estar previstas en una norma con rando de ley. El Sector privado utiliza el mercado para obtener el máximo beneficio. Este sector se organiza en unidades homogéneas e independientes denominadas unidades de producción y unidades de consumo, a diferencia del sector público que se integra en una única entidad desagregada en elementos relativamente homogéneos. El contraste entre ambos sectores conducen a las siguientes conclusiones: Un Sector público total implicaría la ausencia absoluta de producción en el país por motivos económicos de suma gravedad o bien la adopción de un régimen político totalitario. Un Sector privado total implicaría un capitalismo salvaje y tremendas desigualdades y desequilibrios sociales tan graves como los que surgirían con un Sector público globalizador. Es indispensable la colaboración de ambos sectores: un Sector privado para incrementar la producción y crear empleo, y un Sector público para proteger los intereses generales de la sociedad e impedir las consecuencias injustas del sistema de puro mercado. El Sector público debe participar activamente en el mantenimiento del empleo, luchar contra la pobreza y en la redistribución de la renta por medio de un sistema tributario justo. Sin embargo, en lo que no está de acuerdo la doctrina es en la fijación de los necesarios límites, activos o pasivos, a la intervención del Gobierno. La necesidad del Sector público se denomina actividad del Sector público, la cual, es una de las actividades que desempeña el Gobierno. Como la actividad financiera de este Sector no es maue una actividad económica general, resulta necesario plantear las res cuestiones básicas: ¿Que bien producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producirlo? Si tenemos en cuenta que las necesidades son infinias y los recursos económicos escasos, el Sector públivo deberá procurar satisfacer las necesidades comunes empleando los recursos escasos, por lo que deberá elegir las prioridades económicas o sociales, es decir, podemos definir la actividad financiera del Sector público como "el conjunto de decisiones económicas derivadas de la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos". Estos programas de ingresos y gastos se plasman en los Presupuestos de cada Administración Pública, denominándose Hacienda Pública la disciplina que regula dicha actividad. Esta actividad financiera presenta los siguientes rasgos: Un aspecto económico por tratarse de la administración de recursos escasos suscepibles de usos alternativos. Un aspecto politico-sociológico por ser fruto de una decisión de la autoridad que dirige cualquiero comunidad política. Un aspecto jurídico al manifestarse la actividad financierta a través de dispisiciones normativas permite al juritsta aplicar su lógica al estudio de la problemática legal de los programas de gastos e ingresos. Un aspecto etico-moral ya que los ingresos y gastos deben ser anotados y clasificados para registrar las entradas y salidas de valores realizadas por el Sector público.
La Hacienda Pública regula y estudia la actividad financiera del Sector público y en un sistema mixto, se va a encargar de analixar los efectos de la intervención pública en un Economía de mercado en base a los programas de ingresos y gastos, así como del estudio de las estructutras presupuestarias para comprobar los "desequilibrios económicos" y los remedios para refinanciarlos. Y es en este campo donde se enfrentan las dos visiones metodológicas: el ser y el deber ser, lo positivo y lo normativo, es decir, lo que se apoya en hechos reales y objetivos y lo que se apoya en simples valoraciones. Nace así la concepción normativa de la Hacienda Pública inspirada en los estudios de expertos, que inciden en la construcción del mejor de los sistemas tributarios posibles. Por otro lado, la concepción positiva sería algo equivalente a la Economía Aplicada ligada al quehacer de los responsables políticos, siendo su objetivo principal el estudio de los efectos que generan sobre el Sector privado las distintas formas de financiación del Sector público.
Siguiendo los esquemas de Musgrave y Samuelson en torno a una hipotética Hacienda normativa, el contenido actual de la misma sería: Asignación de recursos disponibles. Distribución de la renta y la riqueza. Estabilidad del empleo y precios. Crecimiento y desarrollo económico. Asignación de recursos disponibles: Consiste en la mejor utilización de los recursos propios según el llamado óptimo de Pareto y responde a la pregunta de qué bienes producir. El ajuste ideal para la asignación de recursos solo es posible cuando exista una adecuación entre los que desean los consumidores y lo que estén dispuestos a producir las empresas dentro de unas condiciones de necesario cumplimiento. Como estas situaciones no se producen en la realidad, se habla de fallos de mercado entre los que destacan: La existencia de bienes públicos que se caracterizan por el consumo no rival, es decir, el consumo de este bien por un sujeto no excluye su utilización por los demás, a diferencia de los bienes privados donde el consumo está sujeto al precio que los consumidores estén dispuestos a pagar excluyendo así a los demás. Las externalidades que justifican la intervención del Gobierno y consisten en beneficios no controlados por los que las crean y no reflejados en los precios. Dichas externalidades pueden ser negativas o positivas. La existencia de bienes preferentes que son catalogados como bienes impuros al coexistir en su creación las empresas privadas dado que existe una demanda real de esos bienes. Con finalidades de política social, el Estado interviene junto con el Sector privado y a mejores costes, utilizando para ello los recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de las CCAA. Distribución de la renta y la riqueza: Es el objetivo básico de la actividad financeira pública. En ausencia de decisiones políticas, la distribución va a depender del funcionamiento autónomo del mercado, lo cual no garantica un reparto justo de la riqueza nacional; por lo que hace necesaria la intervención del Sector público a través e la imposición personal, normalmente sobre el IRPF que grava las rentas más altas y concede subvenciones a las más bajas. Estabilidad del empleo y precios: Se siente la necesidad de potenciar la producción en un contexto de estabilidad de precios, mediante la lucha contra la inflacoón y la consecución del pleno empleo. Para ello, el Sector público deberá auxiliarse de los procedimiento tradicionales de la Economía política, procurando la consecuendo de equilibrios estables en los diferentes mercados mediando la aplicación de medidas fiscales y/o monetarias. Crecimiento y desarrollo económico: El aumento del bienestar social largo plazo a través del crecimiento máximo de la producción nacional se convierte en un objetivo ligado a los tres anterioes. El Sector público deberá actuar en función del nivel de producción relativa de cada habitante. de la valoración sical de los bienes materiales y de la insuficiente capacidad de la iniciativa privada.
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