Diseñar la política y promover los instrumentos aplicables
dentro del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, hacer seguimiento y evaluar su aplicación
atendiendo su carácter especializado, su finalidad
restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia.
Participar en el diseño de las políticas relacionadas con la
protección de la fe pública en materia de notariado y registro.
De acuerdo con el artículo 2 del decreto 2897 de 2011, además de las
funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley
489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Justicia y del Derecho
cumple con la siguientes funciones.
Promover las normas legales y reglamentarias, la
protección jurídica, garantía y restablecimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, en
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF– bajo los principios de interés superior,
protección integral y enfoque diferencial, y las demás
entidades competentes.
Diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en
materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en la
prevención del delito y las acciones contra la criminalidad
organizada.
Ejercer excepcionalmente en los términos que señalan
el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución
Política y en las materias precisas determinadas en la
ley, la función jurisdiccional del Ministerio de Justicia y
del Derecho
Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la
función jurisdiccional a cargo de autoridades
administrativas y particulares, de conformidad con lo que
disponga la ley, orientar la presentación de resultados y
proponer el mejoramiento de las mismas
Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama
Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control
para el desarrollo y consolidación de la política pública en
materia de justicia y del derecho.
Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias en:
racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico; gestión
jurídica pública del derecho; ejercicio de la profesión de abogado;
socialización de la información jurídica; justicia transicional y restaurativa; y
las que faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco
del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de lucha
contra las drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito,
financiamiento del terrorismo, administración de bienes incautados y
acciones de extinción de dominio.
Articular la formulación, adopción, ejecución y
evaluación de la política pública del Sector
Administrativo de Justicia y del Derecho.
Administrar los Fondos de Infraestructura
Carcelaria y de Lucha contra las Drogas.
Apoyar ante las demás instancias de la Rama
Ejecutiva, a la Rama Judicial del Poder Público en la
solución de las necesidades para su
funcionamiento.
Gestionar alianzas con los organismos de
cooperación nacional e internacional para el
fortalecimiento del Sector Administrativo de Justicia
y del Derecho.